Desarticulada una organización que vendía tarjetas de transporte de mercancías en el “comercio atípi

Dos gestorías conectadas entre sí y ubicadas en Valencia y Melilla facilitaban todos los trámites que multiplicaba los gastos a pagar por cada vehículo, de los 50 euros de tasas legales a los entre 4.000 y 5.000 euros que la organización cobraba.

Este grupo delictivo, integrado por ciudadanos españoles y marroquíes, propiciaba la obtención fraudulenta de las tarjetas de transportes de vehículos. Los documentos eran utilizados posteriormente en actividades relacionadas con el “comercio atípico” en la Ciudad Autónoma de Melilla.

El conocido como “comercio atípico” es el que se realiza entre Melilla y Marruecos a través de los pasos fronterizos terrestres. En el mismo participan tanto vehículos como “porteadores”, quienes transportan de forma física la mercancía y la introducen en territorio marroquí, amparados por el vigente régimen fiscal de viajeros.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil constató un desproporcionado aumento del flujo de mercancías. En los últimos tres años, se ha detectado un incremento de 200 a 1.000 vehículos dedicados a esta actividad en el conocido Barrio Chino de Melilla.

Se descubrió que un gran número de tarjetas de transporte de mercancías (Mercancías Discrecional Ligero-MDL), se encontraban expedidas en la provincia de Valencia. Estas autorizaciones habían sido emitidas de manera fraudulenta por un funcionario del Servicio Territorial de Transportes de Valencia.

El grupo utilizaba como vehículos “comodín” los datos y la documentación de cinco furgonetas y camiones matriculados recientemente, procedentes de empresas de alquiler o transporte. Al ser nuevos, podían acortar los tiempos totales de “la flota total de vehículos del solicitante”. De esta manera, las solicitudes se tramitaban como “ampliación de la tarjeta de transporte en la modalidad de flota”, que en su conjunto no puede superar la edad media de seis años de antigüedad. Además, a los solicitantes se les inscribía con un domicilio fiscal falso en Valencia, para poder cumplir con los requisitos de la normativa vigente.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Melilla ha realizado cinco registros en viviendas y gestorías en los que se han intervenido teléfonos de alta gama, ordenadores portátiles, diverso material informático en soporte, 11.750 euros y numerosa documentación que está siendo analizada. La operación se ha saldado con cuatro detenciones en Melilla y Valencia, y un total de 77 personas investigadas a las que se les imputan los delitos de falsedad documental, cohecho y prevaricación.

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